Guatemala, 4 dic (EFE).- Cuatro ex miembros del Ejército guatemalteco fueron condenados a 53 años de prisión por un tribunal que los halló culpables de la desaparición de ocho personas durante el pasado conflicto armado, informó hoy una fuente judicial.

Las desapariciones se registraron durante el conflicto armado que desangró a Guatemala entre 1960 y 1996. EFE/Archivo

El Ministerio Público (MP) había solicitado una sentencia de 570 años para cada ex militar por los delitos de detención ilegal, incumplimiento de deberes de humanidad y desaparición forzada.

El Tribunal de Sentencia de Chiquimula, en el oriente de Guatemala, condenó este jueves a 53 años de prisión al coronel retirado Marco Antonio Sánchez Samayoa y a los ex comisionados militares Salomón Maldonado Ríos, Gabriel Álvarez Ramos y Domingo Ríos Martínez.

Los cuatro ex militares fueron hallados culpables de la desaparición de Jacobo Crisóstomo Chegüén, Miguel Ángel Chegüén Crisóstomo, Raúl Chegüén, Inocente Gallardo, Antolín Gallardo Rivera, Valentín Gallardo Rivera, Santiago Gallardo Rivera y Tránsito Rivera

Según el proceso judicial, las 8 personas fueron capturadas de forma ilegal y desaparecidas el 19 de octubre de 1981 en la aldea el Jute del departamento oriental de Chiquimula, y hasta ahora se desconoce su paradero.

Los hechos se registraron durante el conflicto armado que desangró a Guatemala entre 1960 y 1996 y, según reconoció Sánchez durante el juicio, las 8 personas fueron capturadas porque colaboraban con la guerrilla.

Aunque fueron condenados a 53 años, los ex militares solo tienen que cumplir 50 como lo contemplan las leyes guatemaltecas.

Además, el Tribunal dejó abierta una investigación en contra de los generales retirados Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García, quienes eran ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de la Defensa cuando ocurrió la desaparición de las 8 personas.

Un dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, que actuó como querellante adherido en el proceso, calificó hoy de positiva la condena porque la desaparición no quedó en la impunidad, aunque, ahora, añadió, la tarea es saber dónde se encuentran los cuerpos de los 8 desaparecidos.

Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, dijo a periodistas que la sentencia sienta un precedente para que se juzgue a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado.

Este es el segundo caso de desapariciones forzadas que se juzga en Guatemala y que llega a sentencia.

En septiembre pasado, el ex comisionado militar Felipe Cusanero, fue condenado a 150 años de prisión al haber sido hallado culpable de la desaparición forzada de seis indígenas entre 192 y 1984 en el departamento noroccidental de Chimaltenango.

Según la Comisión del Esclarecimiento Histórica (CEH), la guerra dejó unos 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

En su informe “Memorias del Silencio” que presentó en 1999, la CEH aseguró que el Ejército había cometido genocidio en Guatemala y de las 669 matanzas que documentó, 632 las atribuyó a los militares.